Rehabilitación energética de edificios. Certificación energética

Fig. 1 Etiqueta de certificado energético

Desde abril de 2013 España cuenta con un nuevo Plan Integral de Vivienda y Suelo que supone un conjunto de medidas: 

  • Ley de rehabilitación, renovación y Regeneración urbanas.
  • Plan estatal de alquiler y rehabilitación.
  • Certificación energética de los edificios.
  • Revisión del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios).
  • Económicas.  

La aprobación de estas leyes y medidas suponen un cambio de modelo en la política de vivienda. El Plan tiene entre sus objetivos paliar algunos de los problemas de la vivienda en España como el reducido tamaño del mercado de alquiler y la deficiente situación del parque inmobiliario español y busca obtener la máxima rentabilidad con los recursos disponibles. 

El parque edificatorio de nuestro país supone una gran oportunidad para la rehabilitación; en España existen más de 5 millones de viviendas con más de 50 años de antigüedad y casi el 10% de los edificios españoles se encuentran en un estado de conservación ruinoso, malo o deficiente. Sus características, estado de conservación y antigüedad requieren su rehabilitación estructural, funcional y energética. 

La Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio, a las más completas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades. Entre los aspectos más destacables de la Ley cabe mencionar: 

  • La rehabilitación forzosa para los edificios que superen los 50 años en un plazo de 5 años a los que se aplicará un nuevo sistema de inspección.
  • La existencia de una "ficha" de cada edificio donde se tendrán en cuenta el aislamiento, su eficiencia energética y la accesibilidad.
  • Se solicitará una memoria económica que describa cómo se financiará la obra.  

Certificación Energética de Edificios 

La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, en lo referente a la certificación energética, esta Directiva y la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, tanto de nueva construcción, como existentes. 

La citada Directiva 2010/31/UE incorpora, así mismo la obligación requerida a partir del 31 de diciembre de 2020, de que los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo, en los términos que reglamentariamente se fijen en su momento a través del Código Técnico de la Edificación, plazo que en el caso de los edificios públicos, se adelanta dos años. 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 89 del 13 de abril de 2013, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Desde entonces, dos años más tarde, ya se han certificado cerca de 1,5 millones de inmuebles.  

Según la Disposición Transitoria primera del citado Real Decreto, desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética. Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 

Tipos de edificios a certificar 

El artículo 2 del Real Decreto 235/2013 indica el ámbito de aplicación, refiriéndose a los edificios de nueva construcción, a los edificios o partes de ellos que se vayan a vender o a alquilar a un nuevo arrendatario en caso de que no dispongan del certificado y a los edificios o partes de ellos en los que sea una autoridad pública el que ocupe una superficie útil total superior a 250 metros y que el público lo frecuente habitualmente. 

Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética. 

En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia energética, se asigna a cada edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. Una vivienda eficiente que cuente con la categoría más alta de eficiencia energética (A) consume hasta un 90% menos de energía que una que esté catalogada con el nivel más bajo. Una de clase B en torno al 70%; y la clase C, un 35%. 

En el artículo 3 del citado Real Decreto, se crea el Registro general de documentos reconocidos para la certificación energética de edificios. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, teniendo carácter público e informativo. Éstos -que se definen como documentos técnicos, sin carácter reglamentario- se crean con el fin de facilitar el cumplimiento del Procedimiento básico descrito en el Real Decreto y han de contar con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento. Como herramienta para facilitar la obtención de dichos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el IDAE ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como Documentos Reconocidos a disposición de los técnicos certificadores. 

¿Quién lo hace y cuánto cuesta? 

El certificado debe realizarlo un técnico competente, es decir, aquel que posea cualquier titulación académica y profesional que le habilite para la redacción de proyectos, dirección de obras, de ejecución de obras de edificación o bien para hacer proyectos de instalaciones térmicas. También pueden emitirlo aquellas personas que sin poseer ninguna de estas titulaciones pueda acreditar cualificación profesional para emitirlos. Pueden ser: arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores, aquellos que tengan la titulación de ingeniero aeronáutico, agrónomo, de caminos, canales y puertos, industrial, de minas, de montes, naval y oceánico, de telecomunicaciones, también los que tengan el título de ingeniero técnico aeronáutico, agrícola, forestal, industrial, de minas, naval, de obras públicas, de telecomunicación y topógrafo, así como el ingeniero químico.

El IDAE se encargó de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

El precio del certificado de eficiencia energética es libre y será suscrito por un técnico competente, elegido libremente por la propiedad del edificio. Las Comunidades Autónomas están obligadas a elaborar un registro de profesionales habilitados para hacer estas certificaciones lo que permite garantizar que la certificación la está realizando un técnico acreditado.

Por otro lado, y como su propio nombre indica, el citado RD 235/2013 establece el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. Este procedimiento ha sido desarrollado por el órgano competente en esta materia de la Comunidad Autónoma correspondiente, encargado también del registro de las certificaciones en su ámbito territorial, el control externo y la inspección.

El certificado tiene una validez máxima de diez años, a contar desde la fecha de su emisión, y el propietario es el responsable de su renovación o actualización. No obstante, el propietario puede actualizarlo voluntariamente cuando considere que existen variaciones en el comportamiento energético del inmueble, por mejoras realizadas.

La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado.

Sanciones

El art. 51 del referido Real Decreto Legislativo establece la cuantía de las infracciones leves, graves y muy graves, ascendiendo las mismas desde un importe de hasta 600 € para las infracciones leves, hasta un importe entre 601 € y 1.000 €, pudiendo incluso rebasar dicha cantidad para las muy graves (hasta 6.000 €). Una falta leve, por ejemplo, sería publicitar la venta o alquiler de una vivienda sin su calificación, no exhibir la etiqueta de eficiencia o exhibir una sin el formato y contenido mínimos; o expedir certificados sin la información mínima.

Se considerarán infracciones muy graves falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador o agente independiente autorizado sin contar con la habilitación pertinente o publicitar en la venta o alquiler de edificios una certificación que no esté respaldada por un certificado en vigor.